- ¿Qué son las listas de deudores y cómo he acabado en ellas?
- ¿Qué debemos hacer si nos ocurre esto? ¿A dónde debemos ir?
- ¿Qué puede significar para nosotros la presencia en estos archivos?
- Es importante que conozcas tus derechos cuando se trata de este tipo de ofertas.
- La lista de deudores no es el único medio que pueden utilizar los acreedores para cobrar las deudas.
- ¿Por qué España no tiene un historial de deuda tan bueno como el de Estados Unidos?
Se trata de expedientes en los que figuran personas o entidades con deudas impagadas. Existen diferentes tipos de listados de deudores, pero los más habituales son ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), RAI (Registro de Morosos) o CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España).
No es necesario tener una gran deuda para unirse a estas listas. Basta con que tengas una deuda residual de más de 50 euros.
Si sospechamos que estamos en una lista de deudores, debemos solicitar primero esta información a la autoridad competente. A continuación, debemos aportar cualquier documento que demuestre que la deuda ya ha sido pagada.
Muchos consumidores que han seguido estas instrucciones y no son culpables de nada siguen incluidos en algunos registros.
En primer lugar, puede solicitar un aplazamiento de la deuda. También puede presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el acreedor por no actualizar los datos, lo que puede suponer una infracción de la ley y una multa.
Si está en la lista de pagadores indebidos, puede que se le deniegue la renovación de una tarjeta de crédito, se le deniegue un préstamo hipotecario o bancario, o se le dificulte la compra de electrodomésticos a plazos. También pueden hacerte pagar un extra cuando contratas una línea telefónica o un contrato de servicios como la electricidad o el gas.
Según la ley, debe deber al menos 50 euros. Debe avisarnos con un mes de antelación de que está en estas listas. Además, no podemos permanecer en ninguno de ellos más de cinco años.
Entre ellos se encuentra el cobrador FRAC, que lleva más de 30 años operando en España. Se encargan de investigar todos los casos. En muchos casos disponen de los documentos, pero en otros no tienen suficiente información, por lo que es su responsabilidad investigar y describir por escrito lo ocurrido para demostrar la deuda. El coste es de aproximadamente el 35% de la deuda.
«Los informes positivos muestran cómo hemos pagado nuestra deuda y también muestran el alcance de la misma. Esto es muy importante, sobre todo si tenemos un buen historial financiero», dice Matilde Cuena, profesora de Derecho Civil de la Universidad Complutense y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho.

Según Cuena, la falta de información sobre la capacidad de pago de los consumidores limita la competencia, lo que en última instancia beneficia a los bancos y perjudica a los consumidores. Esto se debe a que la falta de competencia conduce a tipos de interés más altos: En España, el tipo de interés medio de los préstamos al consumo era del 7% en diciembre de 2020, tres puntos porcentuales más que la media de la UE.
¿Se introducirán estas unidades también en España? El vicepresidente de la Fundación Hay Derecho cree que «lo único que hace falta en nuestro país es regulación y voluntad política para aumentar la competencia en el sistema financiero».

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